‘Over Capacity’

Cuando hoy abrí Twitter a las cuatro de la tarde, me encontré con que estaba colapsado. En una viñeta a pantalla completa, una ballena con cara de haber sufrido un patatús se encontraba suspendida… en el aire. Y como andaba lejos del mar y no sabía moverse por esos lares, un grupo de pajaritos tuiteros la había metido en una red y estaba remolcándola lentamente. “Twitter está sobrecargado”, decía la plataforma en una leyenda a pie de página. “Por favor espera un momento e inténtalo de nuevo”.

Llevábamos desde la hora del desayuno hastiados con las reacciones de unos y otros ante la supuesta implicación del presidente del Gobierno en la también supuesta trama de financiación ilegal de su partido. Y estábamos todos tan saturados y tan cabreados, que nos habíamos lanzado en masa a la Red para contarle al mundo hasta dónde llegaba nuestra indignación.

“Hoy deberían manifestarse en Génova los militantes y votantes del PP”, decía el humorista Dani Mateo en el primer tuit que conseguí leer poco después. “Ellos son los más estafados. Merecen una explicación”, añadía. Inmediatamente, retuiteé el comentario, para descubrir que 1.305 personas lo habían retuiteado antes, ¡y sólo habían pasado 15 minutos desde que lo escribió!

Suerte que no soy votante del PP, porque no creo que hubiera podido soportar mayor grado de impotencia del que ya siento. Que presuntamente Mariano Rajoy haya recibido 25.200 euros anuales durante 11 años sin haberlos declarado a Hacienda, y que, como él, todos los secretarios generales y vicesecretarios que han pasado por el PP durante los últimos 22 años se hayan beneficiado de la entrega de sobres en B por parte de los ex tesoreros del partido, eleva los niveles generales de irritación a límites estratosféricos.

Me siento como la ballena del patatús, navegando en un mundo que no es el mío. Engañada porque creo firmemente en la necesidad de predicar con el ejemplo, aturdida porque yo cumplo las normas y hago lo correcto como el 90% de los españoles, y resentida porque llevo siete meses en paro y estoy hasta el último pelo de la cabeza de que me digan que aún tengo que hacer más esfuerzos.

No me sirve la teoría de la conspiración que esgrimía hoy Cospedal en su rueda de prensa. Si Pío García Escudero ha dado validez al menos a un detalle de los papeles, será porque el resto también es cierto. Y si las anotaciones se hacían en cuadernos manuscritos, será porque se trata de dinero negro. ¿O acaso hay una mano en la sombra, como sugiere implícitamente la secretaria general del PP, que ha escrito ex profeso la supuesta contabilidad secreta para desestabilizar al Gobierno de los recortes?

Es necesario que el presidente se explique públicamente ya. Que el juez practique pruebas caligráficas para determinar la veracidad de los papeles y para aclarar si la letra es de Bárcenas. Y, sobre todo, que la justicia confronte cuanto antes esas anotaciones con las declaraciones de la renta de los implicados.

Si la investigación demuestra lo que parece evidente, Rajoy deberá dimitir y convocar elecciones. Puede que sea una buena oportunidad para regenerar el sistema actual, agotado, injusto y lamentablemente tan poco democrático.

Educar en desigualdad

El 25% de los escolares españoles acuden a colegios privados subvencionados, y de ellos la inmensa mayoría son escuelas concertadas católicas. Así pues, no parece casual que la futura Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce) apueste sin tapujos por garantizar la educación subvencionada allá donde tenga demanda, viniendo de la mano de un Gobierno como el de Rajoy, de corte neoliberal y cristianodemócrata.

La medida forma parte, según el Ejecutivo, de un paquete de reformas que se proponen mejorar sustancialmente la calidad de nuestra enseñanza. Argumentan que, según la Unesco, España es el tercer país de la UE en abandono escolar (un 26,3% de los jóvenes entre 18 y 24 años deja sus estudios sin conseguir el título de Bachillerato o FP).

Lo que nos preguntamos los ciudadanos laicos, ésos (la mayoría) que no nos sentimos atraídos por los cantos de sirena de la enseñanza concertada, es cómo va a conseguir la nueva ley que los adolescentes españoles mejoren su rendimiento y terminen su formación.

Empresas privadas

El Ministerio de Educación comienza por pretender que se atiendan las peticiones clásicas de la escuela concertada. En primer lugar, que se valore ‘la demanda social’ cuando se programe la oferta de plazas en la etapa obligatoria. Es decir, que se tenga en cuenta el número de solicitudes de cada colegio a la hora de aumentar o disminuir el número de plazas o a la hora de crear centros nuevos.

En esta línea, donde la ley actual dice que “las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población”, el texto de la reforma habla sólo de “plazas suficientes”. Asimismo, se abre la puerta a la renovación automática de los conciertos y se elimina el representante del Ayuntamiento en el consejo escolar de estos centros.

“Esta reforma apuesta claramente por la empresa privada”, se queja en ‘El País’ José Luis Pazos, de la federación mayoritaria de asociaciones de padres Ceapa. “La concertada debe ser la red subsidiaria de la pública, porque ésta es la única que puede garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades”, añade. Y lo es, según el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, porque “no separa por convicciones religiosas o por cualesquiera otras”.

La liebre y la tortuga

Sin embargo, el futuro dibujado por Educación pasa también por aplicar en las escuelas la teoría de la competición entre ellas. Esta teoría tiene varios ingredientes imprescindibles: la elección de centro por parte de los padres, acompañada de información sobre los resultados de los centros, incentivos según esos resultados y margen para que los colegios se puedan diferenciar entre sí para competir en ese mercado.

“Los colegios van a ser evaluados años a año”, decía hace dos semanas en el Senado la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, “y el apoyo [económico] que se les dé va a depender de los resultados que se obtengan”. “Si pones a competir a una liebre, a una tortuga y a un atleta, la liebre llegará primero”, le contestaba poco después en ‘El País’ el catedrático de la Universidad de Valencia José Gimeno. “La competición en el mercado requiere asumir las desigualdades, pero lo que tiene que hacer la educación es corregir las desigualdades”.

Entretanto, y según los presupuestos de 2013, ya no hay dinero para las clases de refuerzo de los alumnos más rezagados de Primaria y Secundaria. Los PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo) costaban 60 millones de euros, pero era una inversión crucial para atajar la desigualdad. Algunas comunidades, incluso, no han esperado al año que viene y ya han suprimido sin previo aviso las clases de recuperación. Se trata de Aragón, Madrid y Castilla-La Mancha. También se ha suprimido la partida de 40 millones dedicada a combatir el abandono escolar.

Con estos mimbres (menos dinero para la escuela pública, e imposición de criterios de competitividad para conseguir recursos), las consecuencias sólo se verán con el tiempo. En países como EE.UU, Reino Unido y Chile, el sistema de la competitividad ha funcionado, pero con matices. Un informe del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en Chile decía en 2010: “Luego de casi dos décadas implementando esta estrategia, los resultados han mejorado poco. Y sin embargo se puede generar desmotivación en los centros educativos que aparecen sistemáticamente en posiciones inferiores en los rankings”.

El futuro de la Sanidad

A partir de pasado mañana, lunes, continuarán las protestas del personal sanitario madrileño, que ya se movilizó los dos primeros días de la semana pasada. Los médicos, por su parte, seguirán en huelga indefinida de lunes a jueves, pero el proyecto privatizador sigue adelante.

Según el Colegio de Médicos de Madrid, que representa a 40.000 asociados, la privatización de la gestión en seis hospitales y en el 10% de los centros de salud “pone en riesgo la atención sanitaria a los ciudadanos”.

“Las movilizaciones están motivadas porque este plan supone un recorte en la plantilla global de trabajadores sanitarios que atienden a la población”, asegura el Colegio en un comunicado difundido el jueves. “Si queremos mantener el mismo nivel de calidad asistencial y el mismo catálogo de prestaciones, es difícil pensar que se puede lograr disminuyendo el número de profesionales”.

El mantra de la privatización 

Entretanto, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CAM), Javier Fernández-Lasquetty, considera que no se puede pedir al Gobierno regional que, en la actual situación de crisis profunda, haga “zapaterismo”, que consiste en “no hacer nada hasta que se hunda todo”.

Sin embargo, el Ejecutivo de la CAM no ha presentado todavía ningún análisis que demuestre con datos las bondades del nuevo modelo. Todo lo más, el presidente de la Comunidad, Ignacio González, afirma en un escueto documento que el coste por habitante es de 600 euros al año en los centros públicos frente a los 441 de los privados. No especifica ni a qué hospitales se refiere tal ejemplo ni qué tipos de tratamiento realizan uno y otro.

La primera vez que el Partido Popular aplicó su receta privatizadora en la Sanidad, lo hizo hace 13 años en Alzira (Valencia), pero aún no ha logrado demostrar que su modelo mejore la calidad asistencial con menos coste para las arcas públicas.

Aun así, María Dolores de Cospedal también ha propuesto privatizar la gestión de cuatro hospitales de su Comunidad. La medida, que responde a la ideología liberal de su partido, resulta tanto más sospechosa cuanto que los servicios privatizados hasta ahora en Valencia y Madrid han quedado en manos de un duopolio de facto formado por las empresas Capio y Ribera Salud.

Busquemos alternativas 

Teniendo en cuenta que en el último año, según el CIS, casi se ha triplicado el nivel de preocupación de los ciudadanos sobre el futuro de la sanidad pública, la Comunidad de Madrid debería preguntarse si la única forma posible de recortar gastos en este servicio es privatizando.

Precisamente hace dos días el Colegio de Médicos de la CAM aseguraba que “se debe paralizar el plan y abrir un periodo de reflexión que incorpore la opinión de los profesionales, como ya se ha hecho con el hospital de la Princesa”.

“La gestión pública de la sanidad tiene problemas, desde luego”, afirmaba ayer en ‘El País’ la psiquiatra Ibone Olza. “Ha habido excesos y despilfarro, como en casi todas partes. Hablemos de todo ello, veamos qué hemos aprendido, cómo cambiamos, cómo ahorramos, cómo mejoramos… ¿Es que no se puede hacer todo eso sin privatizar la sanidad?”.

Las caras de la indignación

Cuando los diputados del Congreso son elegidos, se les entrega un kit tecnológico de última generación que incluye un iPhone, línea ADSL en su domicilio y, desde esta legislatura, una tableta iPad en lugar del ordenador portátil que tenían antes.

La semana pasada, la Mesa del Congreso decidió que iba a dejar de reponer las tabletas extraviadas por los diputados, o que les hubieran sido sustraídas. En los últimos nueve meses, 30 de los 350 representantes de la Cámara Baja han comunicado la pérdida de sus iPads, y el Departamento de Informática ha agotado las reservas que tenía para atender estas incidencias.

“Y encima es esa misma clase política la que se obceca en recortárnoslo todo hasta llevarnos a la ruina, como ya han hecho en Grecia y Portugal”, se lamenta B.F., funcionaria en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

Ella, como otros 9.185.382 trabajadores más (datos de CCOO y UGT), no acudió al trabajo el miércoles 14 por la mañana. “Me niego a ser la mayoría silenciosa que dice Rajoy”, añade, “quiero poder decirle a mi hijo mañana que yo hice algo, pero eso no significa que me sienta representada por los sindicatos”.

Centrales cuestionadas

A.F., copropietaria de una empresa de distribución para hostelería al norte de la provincia de Toledo, comparte el mismo escepticismo en torno a las centrales sindicales. “Los intereses que defienden no son los de los trabajadores, son los suyos propios”, opina. “Habría que quitarles la subvención del Estado y seguir el ejemplo de Alemania, donde se financian únicamente con las cuotas de los empleados, y tienen la obligación de pagarles los días de huelga”.

Aunque durante la jornada de paro la empresa de A.F. permaneció cerrada, sus motivos distan mucho de ser ideológicos. “En la jornada del 29M, los piquetes ya habían rajado las cuatro ruedas de un camión que venía a traernos aceitunas. Aprendimos que lo mejor es perder el día y recuperarlo dándose más prisa al día siguiente, de lo contrario nos arriesgamos a que nos destrocen los furgones de reparto”.

En la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, M. R., funcionaria, también se cuestiona el papel de los piquetes supuestamente ‘informativos’: “La naturaleza del piquete es la de reclamar la solidaridad de los trabajadores, no la de boicotear los negocios de la gente, y eso hay que regularlo. La huelga es un derecho, no un deber”.

Otros cauces 

M.R. fue el miércoles a trabajar porque ya había secundado la huelga del mes de marzo y dice que económicamente no se podía permitir otro día sin cobrar. Aunque respeta los paros, considera que hay otros cauces más efectivos para lograr avances: “Yo colaboro activamente todo el año con la asamblea popular del 15M de mi barrio (www.tomalosbarrios.net), y son las protestas pacíficas de estos movimientos (como la Acampada Bankia, que lleva 24 días en la Plaza del Celenque) las que hacen visibles los problemas a nivel global y desencadenan la respuesta de las instituciones, como está ocurriendo con el tema de los desahucios”.

“El resultado de todas las huelgas generales que he vivido, siempre ha sido relativamente nulo”, apunta O.T., redactor en un periódico de Madrid. “No les veo la utilidad. Yo estoy a favor de otros movimientos sociales pacíficos, que al final lo que hacen es obligar a los políticos a recoger el guante, pero todavía estoy por ver la huelga que consiga modificar un ápice la actitud de los gobiernos”.

En el imaginario colectivo, las jornadas de huelga general aún están asociadas con el estallido de la violencia. El 14N, el Gobierno eligió al Ministerio del Interior, y no al de Empleo, para que informase a los medios sobre el desarrollo de los paros. “Cuando fui a coger el metro por la mañana, me encontré con que no se podía entrar a la estación de Horta porque alguien había empotrado un contenedor de basura contra la puerta de entrada y no se podía sacar”, explica S.M., desempleada en Barcelona.

Desahogo colectivo

“Alguien me contó que también había habido quema de neumáticos en La Ronda de Dalt, pero por lo demás todos mis amigos y familiares en activo hablan de normalidad”. S.M. apoya los paros y considera estos incidentes como un mal menor. “Estamos ya todos muy cansados, yo llevo un año en paro y no encuentro nada, la huelga es una buena forma de expresar que estamos hartos”.

Lo mismo opina L.S., enfermera en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid: “La huelga y las manifestaciones son un toque de atención, tenemos que demostrar que hay malestar. La Comunidad de Madrid ha anunciado que va a privatizar seis hospitales supuestamente para ahorrar, y mientras tanto, desde dentro, los sanitarios vemos cómo se derrocha pagando sueldos inútiles a personas que nunca vienen a trabajar. No hay derecho a esta burla, debemos exigir responsabilidad”.

¿Quién mide tus méritos?

Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, presentó la semana pasada una propuesta legislativa para que Bruselas imponga a las empresas que cotizan en Bolsa la obligación de que el 40% de los puestos de sus consejos de administración los ocupen mujeres de aquí a 2020.

Sin embargo, 18 de los 27 miembros de la Comisión -muchos de ellos mujeres- se mostraron indecisos o en contra de la propuesta. La mayor parte de las objeciones se basan en un informe del servicio jurídico del Ejecutivo europeo que cuestiona que Bruselas pueda imponer a los estados la obligación de sancionar en su territorio a las empresas privadas que no cumplan con la norma.

El debate queda así aplazado hasta el 14 de noviembre, cuando Reding presente un nuevo proyecto que tenga en cuenta las objeciones jurídicas.

En la actualidad, sólo el 13,7% de los miembros de los consejos de administración son mujeres (el 10,8% en España según las estadísticas de la UE), y además en el 97% de los casos el presidente del consejo es un hombre. De esta forma, aunque el 60% de los licenciados universitarios de la Unión son mujeres, ese volumen no se plasma luego en la toma de decisiones en la economía.

Merecimientos

El informe Women Matter de 2010, realizado por la consultora de gestión MacKinsey & Company, identifica tres grandes escollos por los que la diversidad de género en la alta dirección de las empresas no puede generarse espontáneamente, y necesita de promoción institucional:

  1. Por un lado, la doble carga de combinar trabajo y responsabilidad doméstica, que suele recaer en la mujer.
  1. Por otro lado, un modelo basado en la disponibilidad horaria y presencial total.
  1. Por último, la reticencia de muchas mujeres a abogar por sí mismas. Una ejecutiva entrevistada por MacKinsey afirma: “Rara vez he visto a una mujer exagerar sus aptitudes para venderse mejor”. 

Aun así, la cuestión de imponer cuotas femeninas en las empresas suele molestar a muchas mujeres y exaspera a algunos hombres. Para ellas, es triste asumir que se las elije por ser mujeres (porque una vez más, aunque de modo distinto, el género decide su destino), y les horroriza que alguien pueda dudar de sus merecimientos para el cargo. Para ellos, resulta inquietante la posibilidad de que no haya tantos puestos disponibles en la cumbre.

Durante la presentación de la propuesta de Reding la semana pasada, algunas comisarias opinaron que la imposición de cuotas implica aceptar que una mujer sólo conseguirá llegar a lo más alto de una empresa si se obliga por ley.

El modelo noruego

Precisamente esta visión ‘resentida’ del problema es la que ha llevado durante los últimos años a varios estados europeos a aplicar medidas excesivamente laxas sobre sus empresas.

En España, por ejemplo, la ley de Igualdad de 2007 recomienda (no obliga) a las sociedades que cotizan en Bolsa y a las que tienen más de 250 empleados, que incluyan un 40% de mujeres en sus consejos de administración antes de 2015. No se prevén sanciones, pero sí incentivos para las empresas que cumplan.

En Noruega, en el año 2000 se aplicó un sistema de recomendaciones que no funcionó “porque los encargados de los comités de selección, mayoritariamente varones, encontraban candidatos para los puestos dentro de sus propias redes de contactos, normalmente hombres también”, explicaba tres años después Rigmor Aaserud, ministra de Administración Pública.

Como consecuencia de ello, Noruega, que no forma parte de la UE, introdujo en 2003 un sistema obligatorio de cuotas para los consejos de administración, que preveía sanciones para las empresas que no cumplieran. Un año después, la presencia femenina en esos ámbitos ascendía al 22%, y en 2009 se elevaba hasta el 42%.

Vista la experiencia noruega, hay quien no ve otro camino para la igualdad que las cuotas, y precisamente ése es el modelo invocado por Viviane Reding para el conjunto de la Unión Europea. “Las mujeres han esperado algo así más de 100 años, ahora la aprobación de las medidas necesarias es sólo cuestión de días”, decía la semana pasada la vicepresidenta, cuando el debate quedaba aplazado hasta el 14 de noviembre.

Exprimidos

El hijo de mi amiga Catalina se llama Dani y tiene 8 años. Es un crío alegre y brillante, el primero de la clase, tan capaz de ‘tumbarte’ con un razonamiento como de hacer que te ‘mees’ de la risa.

Cuando todavía era un bebé y aún estaba con los primeros pasos, ya pronunciaba mi nombre de cabo a rabo: “Ma-nue-la”, que ya es difícil, sin recortar ni una sílaba. Quizá fuera por lo bien que lo decía, y un poquito también por halago personal, pero el caso es que pronto se convirtió en mi ‘sobrino’ favorito.

Dani y sus padres fueron la semana pasada a un hospital público de la ciudad de Madrid para que le hicieran al niño una revisión médica. El pequeño tiene una enfermedad, de las denominadas ‘raras’ o ‘minoritarias’, que se llama Síndrome de Sotos, y que requiere de seguimiento permanente.

Los padres, divorciados, acudieron -como es lógico- en dos coches diferentes. Aparcaron en la zona azul que hay detrás del edificio principal, porque el parking del hospital es dos veces más caro que el SER (Servicio de Estacionamiento Regulado), y no hay más opciones.

Tanto Catalina como su exmarido depositaron en el parquímetro la cantidad correspondiente a una hora y media de estacionamiento (1,70 euros aproximadamente), suponiendo que les sobraría tiempo. Entraron en el área de Psiquiatría infantil (en ocasiones, los afectados por el Síndrome de Sotos presentan rasgos psicológicos poco comunes) y se encontraron con que el inicio de la consulta sufría una demora de más de 45 minutos.

Una vez dentro, el especialista examinó al niño, realizó las pruebas necesarias, y mantuvo una larga conversación con los tres miembros de la familia. Comprendieron durante el desarrollo de la visita que hacía falta que los tres permanecieran juntos en la consulta, la sustitución de los tiques del parquímetro iba para largo.

De vuelta a los coches, aparcados en la zona azul, lo que en principio habían previsto que iba a ser una hora y media de aparcamiento se había convertido en cerca de tres. Los agentes del SER habían colocado en cada vehículo una multa de 30 euros.

Según el diario El País, los usuarios de los aparcamientos en cuatro centros públicos de la ciudad de Madrid (La Paz, Nuestra Señora de la Concepción, Ramón y Cajal y Doce de Octubre) tienen que pagar cantidades superiores al doble de la tarifa del SER si quieren dejar su coche en los estacionamientos del hospital.

La única alternativa posible es el propio SER, que a la carga económica le añade el estrés emocional de tener que andar cambiando el tique del parquímetro cada cierto tiempo. ¿Dónde queda en este contexto el usuario medio de los hospitales, dónde queda el enfermo? Exprimido, cuando no arruinado, por el oportuno monstruo de la crisis y por sus secuaces, los especuladores.