Neoliberalismo y descalificación

“Trivializar el drama del paro y decir que es una oportunidad para que el que no quiere trabajar saque algo, es un insulto a los millones de parados de este país y para tantos cientos de miles de hogares donde no entra ningún salario”. Estas declaraciones, realizadas en agosto de 2013 por el presidente de CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), cobran plena actualidad hoy.

Cuando Miguel Borra se expresaba de esa forma el año pasado, lo hacía en respuesta a la opinión de Juan Rosell, presidente de la CEOE, de que en España no hay seis millones de parados, de que las estadísticas españolas no son fiables, y de que sobran muchos funcionarios.

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Abundando en el mismo escepticismo sistemático de Rosell, la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, atacaba ayer la actual prestación por desempleo, que según ella no incentiva la búsqueda activa de trabajo, y promueve el ‘parasitismo’ entre los parados.

De hecho, Oriol cree que el actual sistema proteccionista provoca que en España “nadie acepte un trabajo si tiene por delante dos años de prestaciones”. Por otro lado, y en relación a la existencia de un salario mínimo interprofesional de 645,30 euros al mes, la presidenta pide que éste le sea rebajado a los jóvenes sin formación, muchos de ellos empleados en la construcción y en el sector servicios.

Según Oriol, la ley “te obliga a pagar un sueldo a estos jóvenes aunque no valgan nada, hay que darles un dinero que no producen”, cuando en realidad no deberían recibir dicho salario “hasta que no produzcan lo que cuestan”.

Un solo rasero

Más allá de la libre expresión de sus consideraciones ideológicas, absolutamente legítima, la presidenta del Círculo de Empresarios cruzó ayer una línea roja que nunca debería ser franqueada por quienes ostentan en nuestro país un cargo de responsabilidad.

Me refiero a la línea del respeto y de la sensibilidad. Decir ante los medios de comunicación que los parados españoles no aceptan los trabajos que se les ofrecen y que tienden a ser parásitos, o afirmar que los jóvenes sin cualificación “no valen para nada”, es caer en el recurso fácil de la ofensa hacia quienes no pueden responder ni en los mismos términos ni en los mismos foros.

Es como si, en vista del procesamiento del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, o ante las denuncias de pagos en dinero negro por parte del vicepresidente de esta institución, Arturo Fernández, un representante de los parados españoles compareciera ante los medios para afirmar que todos los empresarios son unos casposos y que se saltan a la torera la legislación laboral.

Absurdo. Para evitar estos excesos en los medios, y teniendo en cuenta que nuestros políticos y representantes de todo tipo son muy poco dados a la rectificación, y menos aún a la dimisión, es necesario disuadirles del uso de expresiones ofensivas hacia colectivos concretos, mediante la iniciativa del ministerio fiscal, y con la aplicación inequívoca de todas las multas y sanciones que sean necesarias.

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Picaresca y corrupción

“En Inglaterra, los campos son fértiles, los árboles son altos, pero el cielo es gris y húmedo. Aquí, en cambio, la tierra es árida, los campos, secos y cuarteados, pero el cielo es infinito y la luz, heroica”. Así es como describe España un personaje británico llamado Anthony Whitelands, protagonista de la novela de Eduardo Mendoza ‘Riña de gatos’, a su llegada a Madrid en la primavera de 1936.

“En el Reino Unido”, le cuenta por carta a su novia, “andamos siempre con la cabeza baja y la vista fija en el suelo; aquí, donde la tierra nada ofrece, los hombres andan con la cabeza erguida, mirando el horizonte. Es tierra de violencia, de pasión, de grandes gestos individualistas”.

Esta visión poética de la España central y meridional dice mucho de un carácter, el nuestro, forjado durante siglos en el extremismo (estereotipado como ‘pasión’ en el extranjero) y en la máxima no escrita de ‘sálvese quien pueda’, ‘maricón el último’.

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Hace unos años, de visita en Bruselas, tuve ocasión de comprobar cómo nuestras normas de comportamiento en sociedad difieren bastante de las de otros europeos. Acompañada por un grupo de periodistas de distintas nacionalidades, entré en una estación de metro dispuesta a hacer un trayecto de 20 minutos.

Lo primero que hice al entrar fue buscar con avidez los tornos de entrada. Miré a la izquierda, miré a la derecha, recorrí un ángulo completo de 360º. Pero allí no había tornos por ninguna parte. Para gran sorpresa mía y de otros compañeros españoles que también formaban parte de la expedición, en aquella estación no había nada que impidiera la entrada “libre y gratuita” de quien quisiera y cuando quisiera.

Arraigo del ‘yo primero’

Eso sí, dibujada en el suelo había una gruesa línea roja, acompañada por una advertencia escrita en la pared: “Estimados clientes”, decía el aviso, “a partir de este punto es necesario que compren ustedes un billete. Háganlo acercándose a la ventanilla, o utilizando las máquinas situadas a su derecha. En caso de que un revisor les solicite su tique y no dispongan de él, se verán obligados a abonar una multa de 125 euros”.

Por raro que parezca, allí todo el mundo se dirigía directamente a las “maquinitas” para adquirir sus tiques, y lo hacían –doy fe- por voluntad propia. “¿Y por qué compran el billete, si se puede pasar sin hacerlo?”, me preguntaba yo entonces. No había tornos, no había vigilantes, pero por alguna razón misteriosa, tanto los belgas como los franceses, alemanes y holandeses de nuestro grupo adquirían los tiques sin decir ni ‘mu’, y sin asomo alguno de cabreo o indignación.

“¿Pero qué pasa aquí?”, comentábamos entre nosotros los españoles, “¿que no se paga? Estos belgas están ‘chalaos’, te dibujan una línea en el suelo y se creen que vas a pararte, ¿pero la gente por qué paga?, pues yo no pago”. “Ni yo”, íbamos diciendo a coro, “ni yo tampoco”.

De hecho, en mi cabeza de hace 10 años no hubiera cabido de ninguna manera la idea de ceder y cumplir con las reglas. “Pero si me lo ponen ‘a huevo’ para que me cuele, ¿cómo no voy a aprovechar?, sería tonta si no lo hiciera”.

Actuar desde la base

De eso hace ya mucho tiempo, el suficiente para que haya comprendido que esa particularidad nuestra, esa necesidad apremiante de saltarnos las reglas cuando nadie nos mira o cuando no hay barreras, es algo aprendido, y no necesariamente compartido con los individuos de otras culturas.

En los países anglosajones, por ejemplo, las costumbres protestantes ensalzan la necesidad de esforzarse y de trabajar en favor de la comunidad. En el colegio está bien visto, y es habitual, que los niños avisen al profesor cuando un compañero copia o hace trampas: el que debe avergonzarse es el que no juega limpio, no el que lo denuncia. Nada que ver con nuestro viejo concepto del ‘chivato’, y menos con la tendencia española a encubrir al aprovechado.

Esta semana, sin ir más lejos, en el Reino Unido ha dimitido la ministra de Cultura, Maria Miller, por haber cobrado 7.000 euros por gastos parlamentarios cobrados indebidamente. Entretanto, en España, Esperanza Aguirre arrollaba con su coche la moto de un agente de Movilidad del Ayuntamiento, se daba a la fuga cuando iban a notificarle la denuncia, y celebraba una ‘tourné’ mediática para jactarse de la supuesta normalidad de su comportamiento.

Desde mi humilde opinión, y para combatir este tipo de actitudes con la firmeza que se merecen, hace falta actuar en dos frentes principales. Por un lado, promoviendo la cultura de la cooperación frente a la cultura de la competición, mediante campañas mediáticas y, sobre todo, educativas, de alto calado, promovidas desde el propio Gobierno.

El momento de crisis actual, tan poco favorable en todos los campos, es propicio sin embargo para colaborar y, en consecuencia, para difundir la cultura de la colaboración desde las instituciones hacia todos los colectivos que necesitan ayuda (desempleados, discapacitados, familias sin recursos, etc).

Por otro lado, el Gobierno debe tomar también la iniciativa en la aplicación de un plan implacable contra la corrupción, que no deja de ser la consecuencia última de la cultura de la picaresca de la que venimos hablando en este artículo. Un plan, como indicaba el año pasado el columnista de ‘El País’ José María Peláez, para que la Agencia Tributaria inspeccione con carácter permanente las cuentas de los representantes políticos de todas las administraciones, así como las de los partidos políticos.

Pacto de Estado en Educación

El martes pasado nos desayunábamos, como ocurre cada cierto tiempo, con el informe PISA de la OCDE, ése que siempre se nos indigesta a los españoles, por más que el tiempo pase y que los estudiantes se vayan sucediendo unos a otros.

En esta ocasión, lo que el informe ha revelado es que los alumnos españoles de 15 años están todavía peor preparados para enfrentarse a la vida diaria de lo que tradicionalmente han mostrado sus mediocres resultados en Matemáticas, Ciencias o Capacidad Lectora.

De hecho, están 23 puntos por debajo de la media de los países desarrollados (y 30 puntos por debajo de Francia, Italia y Alemania) en la resolución de problemas cotidianos, como programar un aparato de aire acondicionado, escoger la mejor combinación de metro para llegar a otro punto en una ciudad que no se conoce, o predecir el comportamiento de un robot de limpieza en una habitación.

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La razón principal, según el analista de la OCDE Pablo Zoido, es que “la educación en España no da la oportunidad a los alumnos de ser creativos, hace falta una transformación de todo el sistema más acorde con lo que los mercados laborales demandan: pensamiento crítico, creatividad, intuición, trabajo en grupo, etc”.

Sin embargo, como indicaba ayer el editorial de ‘El País’, los responsables a nivel político no parecen ser conscientes del drama: “Se ha perdido demasiado tiempo en luchas ideológicas estériles sobre el papel que debe tener la religión en la escuela o sobre qué valores se han de transmitir, en lugar de buscar el consenso necesario para dar el vuelco que la educación necesita”.

Derribando tópicos

Mientras el Gobierno decide destinar cada vez más dinero público a los centros privados y concertados, los recortes aplicados desde 2009 en la educación pública se han llevado ya por delante a 61.000 profesionales, según un estudio realizado por CC.OO.

Ahora, en cambio, la OCDE advierte de que en España los alumnos de bajo origen social lo hacen igual de bien que sus homólogos europeos (en otras pruebas de PISA incluso claramente mejor), pero los hijos de los grupos socioeconómicamente favorecidos obtienen peores resultados.

Según José Saturnino Martínez, autor de ‘Estructura social y desigualdad en España’, “en la desigualdad de resultados educativos intervienen dos tipos de factores, los relacionados con la capacidad individual para el estudio y las diferencias socioeconómicas entre las familias. Si logramos compensar mediante el sistema educativo las dificultades de provenir de una familia humilde, sólo operarán las diferencias individuales”.

Por otro lado, la OCDE también señala que los alumnos inmigrantes en España se desenvuelven mejor que los españoles de su mismo nivel académico en la resolución de problemas cotidianos. De hecho, les han sacado 17 puntos. Los analistas de la OCDE añaden que, si España aprovechara el potencial de este alumnado, mejorarían los resultados de nuestro país en la evaluación PISA.

Generosidad institucional

“Hace falta un cambio radical en la metodología de la enseñanza” decía el miércoles la secretaria de Estado de Educación, “para superar modelos anticuados basados sólo en la memorización”. Sin embargo, las palabras se las lleva el viento, y las reformas educativas partidistas que hasta ahora han promovido los diferentes Gobiernos, sólo han servido para reforzar las inercias didácticas que nos han llevado a este punto.

Como decía ayer ‘El País’ en su editorial, lo que la educación requiere con premura es “un pacto de Estado que permita alcanzar un diagnóstico fiable de las carencias que tenemos y aplicar los cambios necesarios”. Todo ello sin olvidar que hay que afrontar también una serie de cambios culturales y éticos indispensables para mejorar la conducta de los jóvenes.

Por un lado, como indicaba esta semana una profesora del colegio privado Liceo Europeo de Madrid, “la sociedad española es demasiado protectora con sus hijos; cuando nos visitan chicos de Francia o Alemania, nos damos cuenta de que son mucho más autónomos y resolutivos, y un chico que no es autónomo, no planifica, no organiza”.

Por otro lado, Ildefonso Méndez, profesor de la Universidad de Murcia, considera que hay que relacionar el bajo rendimiento con la Encuesta Mundial de Valores. Ésta pone de manifiesto que en España la perseverancia o la buena disposición a intentar resolver problemas complejos no interesa tanto como debería. “Y lo que interesa no conduce ni al éxito educativo ni al éxito laboral”, lamenta Méndez.

‘Over Capacity’

Cuando hoy abrí Twitter a las cuatro de la tarde, me encontré con que estaba colapsado. En una viñeta a pantalla completa, una ballena con cara de haber sufrido un patatús se encontraba suspendida… en el aire. Y como andaba lejos del mar y no sabía moverse por esos lares, un grupo de pajaritos tuiteros la había metido en una red y estaba remolcándola lentamente. “Twitter está sobrecargado”, decía la plataforma en una leyenda a pie de página. “Por favor espera un momento e inténtalo de nuevo”.

Llevábamos desde la hora del desayuno hastiados con las reacciones de unos y otros ante la supuesta implicación del presidente del Gobierno en la también supuesta trama de financiación ilegal de su partido. Y estábamos todos tan saturados y tan cabreados, que nos habíamos lanzado en masa a la Red para contarle al mundo hasta dónde llegaba nuestra indignación.

“Hoy deberían manifestarse en Génova los militantes y votantes del PP”, decía el humorista Dani Mateo en el primer tuit que conseguí leer poco después. “Ellos son los más estafados. Merecen una explicación”, añadía. Inmediatamente, retuiteé el comentario, para descubrir que 1.305 personas lo habían retuiteado antes, ¡y sólo habían pasado 15 minutos desde que lo escribió!

Suerte que no soy votante del PP, porque no creo que hubiera podido soportar mayor grado de impotencia del que ya siento. Que presuntamente Mariano Rajoy haya recibido 25.200 euros anuales durante 11 años sin haberlos declarado a Hacienda, y que, como él, todos los secretarios generales y vicesecretarios que han pasado por el PP durante los últimos 22 años se hayan beneficiado de la entrega de sobres en B por parte de los ex tesoreros del partido, eleva los niveles generales de irritación a límites estratosféricos.

Me siento como la ballena del patatús, navegando en un mundo que no es el mío. Engañada porque creo firmemente en la necesidad de predicar con el ejemplo, aturdida porque yo cumplo las normas y hago lo correcto como el 90% de los españoles, y resentida porque llevo siete meses en paro y estoy hasta el último pelo de la cabeza de que me digan que aún tengo que hacer más esfuerzos.

No me sirve la teoría de la conspiración que esgrimía hoy Cospedal en su rueda de prensa. Si Pío García Escudero ha dado validez al menos a un detalle de los papeles, será porque el resto también es cierto. Y si las anotaciones se hacían en cuadernos manuscritos, será porque se trata de dinero negro. ¿O acaso hay una mano en la sombra, como sugiere implícitamente la secretaria general del PP, que ha escrito ex profeso la supuesta contabilidad secreta para desestabilizar al Gobierno de los recortes?

Es necesario que el presidente se explique públicamente ya. Que el juez practique pruebas caligráficas para determinar la veracidad de los papeles y para aclarar si la letra es de Bárcenas. Y, sobre todo, que la justicia confronte cuanto antes esas anotaciones con las declaraciones de la renta de los implicados.

Si la investigación demuestra lo que parece evidente, Rajoy deberá dimitir y convocar elecciones. Puede que sea una buena oportunidad para regenerar el sistema actual, agotado, injusto y lamentablemente tan poco democrático.

Educar en desigualdad

El 25% de los escolares españoles acuden a colegios privados subvencionados, y de ellos la inmensa mayoría son escuelas concertadas católicas. Así pues, no parece casual que la futura Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce) apueste sin tapujos por garantizar la educación subvencionada allá donde tenga demanda, viniendo de la mano de un Gobierno como el de Rajoy, de corte neoliberal y cristianodemócrata.

La medida forma parte, según el Ejecutivo, de un paquete de reformas que se proponen mejorar sustancialmente la calidad de nuestra enseñanza. Argumentan que, según la Unesco, España es el tercer país de la UE en abandono escolar (un 26,3% de los jóvenes entre 18 y 24 años deja sus estudios sin conseguir el título de Bachillerato o FP).

Lo que nos preguntamos los ciudadanos laicos, ésos (la mayoría) que no nos sentimos atraídos por los cantos de sirena de la enseñanza concertada, es cómo va a conseguir la nueva ley que los adolescentes españoles mejoren su rendimiento y terminen su formación.

Empresas privadas

El Ministerio de Educación comienza por pretender que se atiendan las peticiones clásicas de la escuela concertada. En primer lugar, que se valore ‘la demanda social’ cuando se programe la oferta de plazas en la etapa obligatoria. Es decir, que se tenga en cuenta el número de solicitudes de cada colegio a la hora de aumentar o disminuir el número de plazas o a la hora de crear centros nuevos.

En esta línea, donde la ley actual dice que “las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población”, el texto de la reforma habla sólo de “plazas suficientes”. Asimismo, se abre la puerta a la renovación automática de los conciertos y se elimina el representante del Ayuntamiento en el consejo escolar de estos centros.

“Esta reforma apuesta claramente por la empresa privada”, se queja en ‘El País’ José Luis Pazos, de la federación mayoritaria de asociaciones de padres Ceapa. “La concertada debe ser la red subsidiaria de la pública, porque ésta es la única que puede garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades”, añade. Y lo es, según el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, porque “no separa por convicciones religiosas o por cualesquiera otras”.

La liebre y la tortuga

Sin embargo, el futuro dibujado por Educación pasa también por aplicar en las escuelas la teoría de la competición entre ellas. Esta teoría tiene varios ingredientes imprescindibles: la elección de centro por parte de los padres, acompañada de información sobre los resultados de los centros, incentivos según esos resultados y margen para que los colegios se puedan diferenciar entre sí para competir en ese mercado.

“Los colegios van a ser evaluados años a año”, decía hace dos semanas en el Senado la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, “y el apoyo [económico] que se les dé va a depender de los resultados que se obtengan”. “Si pones a competir a una liebre, a una tortuga y a un atleta, la liebre llegará primero”, le contestaba poco después en ‘El País’ el catedrático de la Universidad de Valencia José Gimeno. “La competición en el mercado requiere asumir las desigualdades, pero lo que tiene que hacer la educación es corregir las desigualdades”.

Entretanto, y según los presupuestos de 2013, ya no hay dinero para las clases de refuerzo de los alumnos más rezagados de Primaria y Secundaria. Los PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo) costaban 60 millones de euros, pero era una inversión crucial para atajar la desigualdad. Algunas comunidades, incluso, no han esperado al año que viene y ya han suprimido sin previo aviso las clases de recuperación. Se trata de Aragón, Madrid y Castilla-La Mancha. También se ha suprimido la partida de 40 millones dedicada a combatir el abandono escolar.

Con estos mimbres (menos dinero para la escuela pública, e imposición de criterios de competitividad para conseguir recursos), las consecuencias sólo se verán con el tiempo. En países como EE.UU, Reino Unido y Chile, el sistema de la competitividad ha funcionado, pero con matices. Un informe del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en Chile decía en 2010: “Luego de casi dos décadas implementando esta estrategia, los resultados han mejorado poco. Y sin embargo se puede generar desmotivación en los centros educativos que aparecen sistemáticamente en posiciones inferiores en los rankings”.

El futuro de la Sanidad

A partir de pasado mañana, lunes, continuarán las protestas del personal sanitario madrileño, que ya se movilizó los dos primeros días de la semana pasada. Los médicos, por su parte, seguirán en huelga indefinida de lunes a jueves, pero el proyecto privatizador sigue adelante.

Según el Colegio de Médicos de Madrid, que representa a 40.000 asociados, la privatización de la gestión en seis hospitales y en el 10% de los centros de salud “pone en riesgo la atención sanitaria a los ciudadanos”.

“Las movilizaciones están motivadas porque este plan supone un recorte en la plantilla global de trabajadores sanitarios que atienden a la población”, asegura el Colegio en un comunicado difundido el jueves. “Si queremos mantener el mismo nivel de calidad asistencial y el mismo catálogo de prestaciones, es difícil pensar que se puede lograr disminuyendo el número de profesionales”.

El mantra de la privatización 

Entretanto, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CAM), Javier Fernández-Lasquetty, considera que no se puede pedir al Gobierno regional que, en la actual situación de crisis profunda, haga “zapaterismo”, que consiste en “no hacer nada hasta que se hunda todo”.

Sin embargo, el Ejecutivo de la CAM no ha presentado todavía ningún análisis que demuestre con datos las bondades del nuevo modelo. Todo lo más, el presidente de la Comunidad, Ignacio González, afirma en un escueto documento que el coste por habitante es de 600 euros al año en los centros públicos frente a los 441 de los privados. No especifica ni a qué hospitales se refiere tal ejemplo ni qué tipos de tratamiento realizan uno y otro.

La primera vez que el Partido Popular aplicó su receta privatizadora en la Sanidad, lo hizo hace 13 años en Alzira (Valencia), pero aún no ha logrado demostrar que su modelo mejore la calidad asistencial con menos coste para las arcas públicas.

Aun así, María Dolores de Cospedal también ha propuesto privatizar la gestión de cuatro hospitales de su Comunidad. La medida, que responde a la ideología liberal de su partido, resulta tanto más sospechosa cuanto que los servicios privatizados hasta ahora en Valencia y Madrid han quedado en manos de un duopolio de facto formado por las empresas Capio y Ribera Salud.

Busquemos alternativas 

Teniendo en cuenta que en el último año, según el CIS, casi se ha triplicado el nivel de preocupación de los ciudadanos sobre el futuro de la sanidad pública, la Comunidad de Madrid debería preguntarse si la única forma posible de recortar gastos en este servicio es privatizando.

Precisamente hace dos días el Colegio de Médicos de la CAM aseguraba que “se debe paralizar el plan y abrir un periodo de reflexión que incorpore la opinión de los profesionales, como ya se ha hecho con el hospital de la Princesa”.

“La gestión pública de la sanidad tiene problemas, desde luego”, afirmaba ayer en ‘El País’ la psiquiatra Ibone Olza. “Ha habido excesos y despilfarro, como en casi todas partes. Hablemos de todo ello, veamos qué hemos aprendido, cómo cambiamos, cómo ahorramos, cómo mejoramos… ¿Es que no se puede hacer todo eso sin privatizar la sanidad?”.

Las caras de la indignación

Cuando los diputados del Congreso son elegidos, se les entrega un kit tecnológico de última generación que incluye un iPhone, línea ADSL en su domicilio y, desde esta legislatura, una tableta iPad en lugar del ordenador portátil que tenían antes.

La semana pasada, la Mesa del Congreso decidió que iba a dejar de reponer las tabletas extraviadas por los diputados, o que les hubieran sido sustraídas. En los últimos nueve meses, 30 de los 350 representantes de la Cámara Baja han comunicado la pérdida de sus iPads, y el Departamento de Informática ha agotado las reservas que tenía para atender estas incidencias.

“Y encima es esa misma clase política la que se obceca en recortárnoslo todo hasta llevarnos a la ruina, como ya han hecho en Grecia y Portugal”, se lamenta B.F., funcionaria en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

Ella, como otros 9.185.382 trabajadores más (datos de CCOO y UGT), no acudió al trabajo el miércoles 14 por la mañana. “Me niego a ser la mayoría silenciosa que dice Rajoy”, añade, “quiero poder decirle a mi hijo mañana que yo hice algo, pero eso no significa que me sienta representada por los sindicatos”.

Centrales cuestionadas

A.F., copropietaria de una empresa de distribución para hostelería al norte de la provincia de Toledo, comparte el mismo escepticismo en torno a las centrales sindicales. “Los intereses que defienden no son los de los trabajadores, son los suyos propios”, opina. “Habría que quitarles la subvención del Estado y seguir el ejemplo de Alemania, donde se financian únicamente con las cuotas de los empleados, y tienen la obligación de pagarles los días de huelga”.

Aunque durante la jornada de paro la empresa de A.F. permaneció cerrada, sus motivos distan mucho de ser ideológicos. “En la jornada del 29M, los piquetes ya habían rajado las cuatro ruedas de un camión que venía a traernos aceitunas. Aprendimos que lo mejor es perder el día y recuperarlo dándose más prisa al día siguiente, de lo contrario nos arriesgamos a que nos destrocen los furgones de reparto”.

En la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, M. R., funcionaria, también se cuestiona el papel de los piquetes supuestamente ‘informativos’: “La naturaleza del piquete es la de reclamar la solidaridad de los trabajadores, no la de boicotear los negocios de la gente, y eso hay que regularlo. La huelga es un derecho, no un deber”.

Otros cauces 

M.R. fue el miércoles a trabajar porque ya había secundado la huelga del mes de marzo y dice que económicamente no se podía permitir otro día sin cobrar. Aunque respeta los paros, considera que hay otros cauces más efectivos para lograr avances: “Yo colaboro activamente todo el año con la asamblea popular del 15M de mi barrio (www.tomalosbarrios.net), y son las protestas pacíficas de estos movimientos (como la Acampada Bankia, que lleva 24 días en la Plaza del Celenque) las que hacen visibles los problemas a nivel global y desencadenan la respuesta de las instituciones, como está ocurriendo con el tema de los desahucios”.

“El resultado de todas las huelgas generales que he vivido, siempre ha sido relativamente nulo”, apunta O.T., redactor en un periódico de Madrid. “No les veo la utilidad. Yo estoy a favor de otros movimientos sociales pacíficos, que al final lo que hacen es obligar a los políticos a recoger el guante, pero todavía estoy por ver la huelga que consiga modificar un ápice la actitud de los gobiernos”.

En el imaginario colectivo, las jornadas de huelga general aún están asociadas con el estallido de la violencia. El 14N, el Gobierno eligió al Ministerio del Interior, y no al de Empleo, para que informase a los medios sobre el desarrollo de los paros. “Cuando fui a coger el metro por la mañana, me encontré con que no se podía entrar a la estación de Horta porque alguien había empotrado un contenedor de basura contra la puerta de entrada y no se podía sacar”, explica S.M., desempleada en Barcelona.

Desahogo colectivo

“Alguien me contó que también había habido quema de neumáticos en La Ronda de Dalt, pero por lo demás todos mis amigos y familiares en activo hablan de normalidad”. S.M. apoya los paros y considera estos incidentes como un mal menor. “Estamos ya todos muy cansados, yo llevo un año en paro y no encuentro nada, la huelga es una buena forma de expresar que estamos hartos”.

Lo mismo opina L.S., enfermera en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid: “La huelga y las manifestaciones son un toque de atención, tenemos que demostrar que hay malestar. La Comunidad de Madrid ha anunciado que va a privatizar seis hospitales supuestamente para ahorrar, y mientras tanto, desde dentro, los sanitarios vemos cómo se derrocha pagando sueldos inútiles a personas que nunca vienen a trabajar. No hay derecho a esta burla, debemos exigir responsabilidad”.