A partir de pasado mañana, lunes, continuarán las protestas del personal sanitario madrileño, que ya se movilizó los dos primeros días de la semana pasada. Los médicos, por su parte, seguirán en huelga indefinida de lunes a jueves, pero el proyecto privatizador sigue adelante.

Según el Colegio de Médicos de Madrid, que representa a 40.000 asociados, la privatización de la gestión en seis hospitales y en el 10% de los centros de salud “pone en riesgo la atención sanitaria a los ciudadanos”.

“Las movilizaciones están motivadas porque este plan supone un recorte en la plantilla global de trabajadores sanitarios que atienden a la población”, asegura el Colegio en un comunicado difundido el jueves. “Si queremos mantener el mismo nivel de calidad asistencial y el mismo catálogo de prestaciones, es difícil pensar que se puede lograr disminuyendo el número de profesionales”.

El mantra de la privatización 

Entretanto, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CAM), Javier Fernández-Lasquetty, considera que no se puede pedir al Gobierno regional que, en la actual situación de crisis profunda, haga “zapaterismo”, que consiste en “no hacer nada hasta que se hunda todo”.

Sin embargo, el Ejecutivo de la CAM no ha presentado todavía ningún análisis que demuestre con datos las bondades del nuevo modelo. Todo lo más, el presidente de la Comunidad, Ignacio González, afirma en un escueto documento que el coste por habitante es de 600 euros al año en los centros públicos frente a los 441 de los privados. No especifica ni a qué hospitales se refiere tal ejemplo ni qué tipos de tratamiento realizan uno y otro.

La primera vez que el Partido Popular aplicó su receta privatizadora en la Sanidad, lo hizo hace 13 años en Alzira (Valencia), pero aún no ha logrado demostrar que su modelo mejore la calidad asistencial con menos coste para las arcas públicas.

Aun así, María Dolores de Cospedal también ha propuesto privatizar la gestión de cuatro hospitales de su Comunidad. La medida, que responde a la ideología liberal de su partido, resulta tanto más sospechosa cuanto que los servicios privatizados hasta ahora en Valencia y Madrid han quedado en manos de un duopolio de facto formado por las empresas Capio y Ribera Salud.

Busquemos alternativas 

Teniendo en cuenta que en el último año, según el CIS, casi se ha triplicado el nivel de preocupación de los ciudadanos sobre el futuro de la sanidad pública, la Comunidad de Madrid debería preguntarse si la única forma posible de recortar gastos en este servicio es privatizando.

Precisamente hace dos días el Colegio de Médicos de la CAM aseguraba que “se debe paralizar el plan y abrir un periodo de reflexión que incorpore la opinión de los profesionales, como ya se ha hecho con el hospital de la Princesa”.

“La gestión pública de la sanidad tiene problemas, desde luego”, afirmaba ayer en ‘El País’ la psiquiatra Ibone Olza. “Ha habido excesos y despilfarro, como en casi todas partes. Hablemos de todo ello, veamos qué hemos aprendido, cómo cambiamos, cómo ahorramos, cómo mejoramos… ¿Es que no se puede hacer todo eso sin privatizar la sanidad?”.