‘Over Capacity’

Cuando hoy abrí Twitter a las cuatro de la tarde, me encontré con que estaba colapsado. En una viñeta a pantalla completa, una ballena con cara de haber sufrido un patatús se encontraba suspendida… en el aire. Y como andaba lejos del mar y no sabía moverse por esos lares, un grupo de pajaritos tuiteros la había metido en una red y estaba remolcándola lentamente. “Twitter está sobrecargado”, decía la plataforma en una leyenda a pie de página. “Por favor espera un momento e inténtalo de nuevo”.

Llevábamos desde la hora del desayuno hastiados con las reacciones de unos y otros ante la supuesta implicación del presidente del Gobierno en la también supuesta trama de financiación ilegal de su partido. Y estábamos todos tan saturados y tan cabreados, que nos habíamos lanzado en masa a la Red para contarle al mundo hasta dónde llegaba nuestra indignación.

“Hoy deberían manifestarse en Génova los militantes y votantes del PP”, decía el humorista Dani Mateo en el primer tuit que conseguí leer poco después. “Ellos son los más estafados. Merecen una explicación”, añadía. Inmediatamente, retuiteé el comentario, para descubrir que 1.305 personas lo habían retuiteado antes, ¡y sólo habían pasado 15 minutos desde que lo escribió!

Suerte que no soy votante del PP, porque no creo que hubiera podido soportar mayor grado de impotencia del que ya siento. Que presuntamente Mariano Rajoy haya recibido 25.200 euros anuales durante 11 años sin haberlos declarado a Hacienda, y que, como él, todos los secretarios generales y vicesecretarios que han pasado por el PP durante los últimos 22 años se hayan beneficiado de la entrega de sobres en B por parte de los ex tesoreros del partido, eleva los niveles generales de irritación a límites estratosféricos.

Me siento como la ballena del patatús, navegando en un mundo que no es el mío. Engañada porque creo firmemente en la necesidad de predicar con el ejemplo, aturdida porque yo cumplo las normas y hago lo correcto como el 90% de los españoles, y resentida porque llevo siete meses en paro y estoy hasta el último pelo de la cabeza de que me digan que aún tengo que hacer más esfuerzos.

No me sirve la teoría de la conspiración que esgrimía hoy Cospedal en su rueda de prensa. Si Pío García Escudero ha dado validez al menos a un detalle de los papeles, será porque el resto también es cierto. Y si las anotaciones se hacían en cuadernos manuscritos, será porque se trata de dinero negro. ¿O acaso hay una mano en la sombra, como sugiere implícitamente la secretaria general del PP, que ha escrito ex profeso la supuesta contabilidad secreta para desestabilizar al Gobierno de los recortes?

Es necesario que el presidente se explique públicamente ya. Que el juez practique pruebas caligráficas para determinar la veracidad de los papeles y para aclarar si la letra es de Bárcenas. Y, sobre todo, que la justicia confronte cuanto antes esas anotaciones con las declaraciones de la renta de los implicados.

Si la investigación demuestra lo que parece evidente, Rajoy deberá dimitir y convocar elecciones. Puede que sea una buena oportunidad para regenerar el sistema actual, agotado, injusto y lamentablemente tan poco democrático.

Anuncios

Las caras de la indignación

Cuando los diputados del Congreso son elegidos, se les entrega un kit tecnológico de última generación que incluye un iPhone, línea ADSL en su domicilio y, desde esta legislatura, una tableta iPad en lugar del ordenador portátil que tenían antes.

La semana pasada, la Mesa del Congreso decidió que iba a dejar de reponer las tabletas extraviadas por los diputados, o que les hubieran sido sustraídas. En los últimos nueve meses, 30 de los 350 representantes de la Cámara Baja han comunicado la pérdida de sus iPads, y el Departamento de Informática ha agotado las reservas que tenía para atender estas incidencias.

“Y encima es esa misma clase política la que se obceca en recortárnoslo todo hasta llevarnos a la ruina, como ya han hecho en Grecia y Portugal”, se lamenta B.F., funcionaria en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

Ella, como otros 9.185.382 trabajadores más (datos de CCOO y UGT), no acudió al trabajo el miércoles 14 por la mañana. “Me niego a ser la mayoría silenciosa que dice Rajoy”, añade, “quiero poder decirle a mi hijo mañana que yo hice algo, pero eso no significa que me sienta representada por los sindicatos”.

Centrales cuestionadas

A.F., copropietaria de una empresa de distribución para hostelería al norte de la provincia de Toledo, comparte el mismo escepticismo en torno a las centrales sindicales. “Los intereses que defienden no son los de los trabajadores, son los suyos propios”, opina. “Habría que quitarles la subvención del Estado y seguir el ejemplo de Alemania, donde se financian únicamente con las cuotas de los empleados, y tienen la obligación de pagarles los días de huelga”.

Aunque durante la jornada de paro la empresa de A.F. permaneció cerrada, sus motivos distan mucho de ser ideológicos. “En la jornada del 29M, los piquetes ya habían rajado las cuatro ruedas de un camión que venía a traernos aceitunas. Aprendimos que lo mejor es perder el día y recuperarlo dándose más prisa al día siguiente, de lo contrario nos arriesgamos a que nos destrocen los furgones de reparto”.

En la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, M. R., funcionaria, también se cuestiona el papel de los piquetes supuestamente ‘informativos’: “La naturaleza del piquete es la de reclamar la solidaridad de los trabajadores, no la de boicotear los negocios de la gente, y eso hay que regularlo. La huelga es un derecho, no un deber”.

Otros cauces 

M.R. fue el miércoles a trabajar porque ya había secundado la huelga del mes de marzo y dice que económicamente no se podía permitir otro día sin cobrar. Aunque respeta los paros, considera que hay otros cauces más efectivos para lograr avances: “Yo colaboro activamente todo el año con la asamblea popular del 15M de mi barrio (www.tomalosbarrios.net), y son las protestas pacíficas de estos movimientos (como la Acampada Bankia, que lleva 24 días en la Plaza del Celenque) las que hacen visibles los problemas a nivel global y desencadenan la respuesta de las instituciones, como está ocurriendo con el tema de los desahucios”.

“El resultado de todas las huelgas generales que he vivido, siempre ha sido relativamente nulo”, apunta O.T., redactor en un periódico de Madrid. “No les veo la utilidad. Yo estoy a favor de otros movimientos sociales pacíficos, que al final lo que hacen es obligar a los políticos a recoger el guante, pero todavía estoy por ver la huelga que consiga modificar un ápice la actitud de los gobiernos”.

En el imaginario colectivo, las jornadas de huelga general aún están asociadas con el estallido de la violencia. El 14N, el Gobierno eligió al Ministerio del Interior, y no al de Empleo, para que informase a los medios sobre el desarrollo de los paros. “Cuando fui a coger el metro por la mañana, me encontré con que no se podía entrar a la estación de Horta porque alguien había empotrado un contenedor de basura contra la puerta de entrada y no se podía sacar”, explica S.M., desempleada en Barcelona.

Desahogo colectivo

“Alguien me contó que también había habido quema de neumáticos en La Ronda de Dalt, pero por lo demás todos mis amigos y familiares en activo hablan de normalidad”. S.M. apoya los paros y considera estos incidentes como un mal menor. “Estamos ya todos muy cansados, yo llevo un año en paro y no encuentro nada, la huelga es una buena forma de expresar que estamos hartos”.

Lo mismo opina L.S., enfermera en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid: “La huelga y las manifestaciones son un toque de atención, tenemos que demostrar que hay malestar. La Comunidad de Madrid ha anunciado que va a privatizar seis hospitales supuestamente para ahorrar, y mientras tanto, desde dentro, los sanitarios vemos cómo se derrocha pagando sueldos inútiles a personas que nunca vienen a trabajar. No hay derecho a esta burla, debemos exigir responsabilidad”.