“Trivializar el drama del paro y decir que es una oportunidad para que el que no quiere trabajar saque algo, es un insulto a los millones de parados de este país y para tantos cientos de miles de hogares donde no entra ningún salario”. Estas declaraciones, realizadas en agosto de 2013 por el presidente de CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), cobran plena actualidad hoy.

Cuando Miguel Borra se expresaba de esa forma el año pasado, lo hacía en respuesta a la opinión de Juan Rosell, presidente de la CEOE, de que en España no hay seis millones de parados, de que las estadísticas españolas no son fiables, y de que sobran muchos funcionarios.

Abundando en el mismo escepticismo sistemático de Rosell, la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, atacaba ayer la actual prestación por desempleo, que según ella no incentiva la búsqueda activa de trabajo, y promueve el ‘parasitismo’ entre los parados.

De hecho, Oriol cree que el actual sistema proteccionista provoca que en España “nadie acepte un trabajo si tiene por delante dos años de prestaciones”. Por otro lado, y en relación a la existencia de un salario mínimo interprofesional de 645,30 euros al mes, la presidenta pide que éste le sea rebajado a los jóvenes sin formación, muchos de ellos empleados en la construcción y en el sector servicios.

Según Oriol, la ley “te obliga a pagar un sueldo a estos jóvenes aunque no valgan nada, hay que darles un dinero que no producen”, cuando en realidad no deberían recibir dicho salario “hasta que no produzcan lo que cuestan”.

Un solo rasero

Más allá de la libre expresión de sus consideraciones ideológicas, absolutamente legítima, la presidenta del Círculo de Empresarios cruzó ayer una línea roja que nunca debería ser franqueada por quienes ostentan en nuestro país un cargo de responsabilidad.

Me refiero a la línea del respeto y de la sensibilidad. Decir ante los medios de comunicación que los parados españoles no aceptan los trabajos que se les ofrecen y que tienden a ser parásitos, o afirmar que los jóvenes sin cualificación “no valen para nada”, es caer en el recurso fácil de la ofensa hacia quienes no pueden responder ni en los mismos términos ni en los mismos foros.

Es como si, en vista del procesamiento del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, o ante las denuncias de pagos en dinero negro por parte del vicepresidente de esta institución, Arturo Fernández, un representante de los parados españoles compareciera ante los medios para afirmar que todos los empresarios son unos casposos y que se saltan a la torera la legislación laboral.

Absurdo. Para evitar estos excesos en los medios, y teniendo en cuenta que nuestros políticos y representantes de todo tipo son muy poco dados a la rectificación, y menos aún a la dimisión, es necesario disuadirles del uso de expresiones ofensivas hacia colectivos concretos, mediante la iniciativa del ministerio fiscal, y con la aplicación inequívoca de todas las multas y sanciones que sean necesarias.