Las caras de la indignación

Cuando los diputados del Congreso son elegidos, se les entrega un kit tecnológico de última generación que incluye un iPhone, línea ADSL en su domicilio y, desde esta legislatura, una tableta iPad en lugar del ordenador portátil que tenían antes.

La semana pasada, la Mesa del Congreso decidió que iba a dejar de reponer las tabletas extraviadas por los diputados, o que les hubieran sido sustraídas. En los últimos nueve meses, 30 de los 350 representantes de la Cámara Baja han comunicado la pérdida de sus iPads, y el Departamento de Informática ha agotado las reservas que tenía para atender estas incidencias.

“Y encima es esa misma clase política la que se obceca en recortárnoslo todo hasta llevarnos a la ruina, como ya han hecho en Grecia y Portugal”, se lamenta B.F., funcionaria en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

Ella, como otros 9.185.382 trabajadores más (datos de CCOO y UGT), no acudió al trabajo el miércoles 14 por la mañana. “Me niego a ser la mayoría silenciosa que dice Rajoy”, añade, “quiero poder decirle a mi hijo mañana que yo hice algo, pero eso no significa que me sienta representada por los sindicatos”.

Centrales cuestionadas

A.F., copropietaria de una empresa de distribución para hostelería al norte de la provincia de Toledo, comparte el mismo escepticismo en torno a las centrales sindicales. “Los intereses que defienden no son los de los trabajadores, son los suyos propios”, opina. “Habría que quitarles la subvención del Estado y seguir el ejemplo de Alemania, donde se financian únicamente con las cuotas de los empleados, y tienen la obligación de pagarles los días de huelga”.

Aunque durante la jornada de paro la empresa de A.F. permaneció cerrada, sus motivos distan mucho de ser ideológicos. “En la jornada del 29M, los piquetes ya habían rajado las cuatro ruedas de un camión que venía a traernos aceitunas. Aprendimos que lo mejor es perder el día y recuperarlo dándose más prisa al día siguiente, de lo contrario nos arriesgamos a que nos destrocen los furgones de reparto”.

En la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, M. R., funcionaria, también se cuestiona el papel de los piquetes supuestamente ‘informativos’: “La naturaleza del piquete es la de reclamar la solidaridad de los trabajadores, no la de boicotear los negocios de la gente, y eso hay que regularlo. La huelga es un derecho, no un deber”.

Otros cauces 

M.R. fue el miércoles a trabajar porque ya había secundado la huelga del mes de marzo y dice que económicamente no se podía permitir otro día sin cobrar. Aunque respeta los paros, considera que hay otros cauces más efectivos para lograr avances: “Yo colaboro activamente todo el año con la asamblea popular del 15M de mi barrio (www.tomalosbarrios.net), y son las protestas pacíficas de estos movimientos (como la Acampada Bankia, que lleva 24 días en la Plaza del Celenque) las que hacen visibles los problemas a nivel global y desencadenan la respuesta de las instituciones, como está ocurriendo con el tema de los desahucios”.

“El resultado de todas las huelgas generales que he vivido, siempre ha sido relativamente nulo”, apunta O.T., redactor en un periódico de Madrid. “No les veo la utilidad. Yo estoy a favor de otros movimientos sociales pacíficos, que al final lo que hacen es obligar a los políticos a recoger el guante, pero todavía estoy por ver la huelga que consiga modificar un ápice la actitud de los gobiernos”.

En el imaginario colectivo, las jornadas de huelga general aún están asociadas con el estallido de la violencia. El 14N, el Gobierno eligió al Ministerio del Interior, y no al de Empleo, para que informase a los medios sobre el desarrollo de los paros. “Cuando fui a coger el metro por la mañana, me encontré con que no se podía entrar a la estación de Horta porque alguien había empotrado un contenedor de basura contra la puerta de entrada y no se podía sacar”, explica S.M., desempleada en Barcelona.

Desahogo colectivo

“Alguien me contó que también había habido quema de neumáticos en La Ronda de Dalt, pero por lo demás todos mis amigos y familiares en activo hablan de normalidad”. S.M. apoya los paros y considera estos incidentes como un mal menor. “Estamos ya todos muy cansados, yo llevo un año en paro y no encuentro nada, la huelga es una buena forma de expresar que estamos hartos”.

Lo mismo opina L.S., enfermera en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid: “La huelga y las manifestaciones son un toque de atención, tenemos que demostrar que hay malestar. La Comunidad de Madrid ha anunciado que va a privatizar seis hospitales supuestamente para ahorrar, y mientras tanto, desde dentro, los sanitarios vemos cómo se derrocha pagando sueldos inútiles a personas que nunca vienen a trabajar. No hay derecho a esta burla, debemos exigir responsabilidad”.

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¿Quién mide tus méritos?

Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, presentó la semana pasada una propuesta legislativa para que Bruselas imponga a las empresas que cotizan en Bolsa la obligación de que el 40% de los puestos de sus consejos de administración los ocupen mujeres de aquí a 2020.

Sin embargo, 18 de los 27 miembros de la Comisión -muchos de ellos mujeres- se mostraron indecisos o en contra de la propuesta. La mayor parte de las objeciones se basan en un informe del servicio jurídico del Ejecutivo europeo que cuestiona que Bruselas pueda imponer a los estados la obligación de sancionar en su territorio a las empresas privadas que no cumplan con la norma.

El debate queda así aplazado hasta el 14 de noviembre, cuando Reding presente un nuevo proyecto que tenga en cuenta las objeciones jurídicas.

En la actualidad, sólo el 13,7% de los miembros de los consejos de administración son mujeres (el 10,8% en España según las estadísticas de la UE), y además en el 97% de los casos el presidente del consejo es un hombre. De esta forma, aunque el 60% de los licenciados universitarios de la Unión son mujeres, ese volumen no se plasma luego en la toma de decisiones en la economía.

Merecimientos

El informe Women Matter de 2010, realizado por la consultora de gestión MacKinsey & Company, identifica tres grandes escollos por los que la diversidad de género en la alta dirección de las empresas no puede generarse espontáneamente, y necesita de promoción institucional:

  1. Por un lado, la doble carga de combinar trabajo y responsabilidad doméstica, que suele recaer en la mujer.
  1. Por otro lado, un modelo basado en la disponibilidad horaria y presencial total.
  1. Por último, la reticencia de muchas mujeres a abogar por sí mismas. Una ejecutiva entrevistada por MacKinsey afirma: “Rara vez he visto a una mujer exagerar sus aptitudes para venderse mejor”. 

Aun así, la cuestión de imponer cuotas femeninas en las empresas suele molestar a muchas mujeres y exaspera a algunos hombres. Para ellas, es triste asumir que se las elije por ser mujeres (porque una vez más, aunque de modo distinto, el género decide su destino), y les horroriza que alguien pueda dudar de sus merecimientos para el cargo. Para ellos, resulta inquietante la posibilidad de que no haya tantos puestos disponibles en la cumbre.

Durante la presentación de la propuesta de Reding la semana pasada, algunas comisarias opinaron que la imposición de cuotas implica aceptar que una mujer sólo conseguirá llegar a lo más alto de una empresa si se obliga por ley.

El modelo noruego

Precisamente esta visión ‘resentida’ del problema es la que ha llevado durante los últimos años a varios estados europeos a aplicar medidas excesivamente laxas sobre sus empresas.

En España, por ejemplo, la ley de Igualdad de 2007 recomienda (no obliga) a las sociedades que cotizan en Bolsa y a las que tienen más de 250 empleados, que incluyan un 40% de mujeres en sus consejos de administración antes de 2015. No se prevén sanciones, pero sí incentivos para las empresas que cumplan.

En Noruega, en el año 2000 se aplicó un sistema de recomendaciones que no funcionó “porque los encargados de los comités de selección, mayoritariamente varones, encontraban candidatos para los puestos dentro de sus propias redes de contactos, normalmente hombres también”, explicaba tres años después Rigmor Aaserud, ministra de Administración Pública.

Como consecuencia de ello, Noruega, que no forma parte de la UE, introdujo en 2003 un sistema obligatorio de cuotas para los consejos de administración, que preveía sanciones para las empresas que no cumplieran. Un año después, la presencia femenina en esos ámbitos ascendía al 22%, y en 2009 se elevaba hasta el 42%.

Vista la experiencia noruega, hay quien no ve otro camino para la igualdad que las cuotas, y precisamente ése es el modelo invocado por Viviane Reding para el conjunto de la Unión Europea. “Las mujeres han esperado algo así más de 100 años, ahora la aprobación de las medidas necesarias es sólo cuestión de días”, decía la semana pasada la vicepresidenta, cuando el debate quedaba aplazado hasta el 14 de noviembre.

Exprimidos

El hijo de mi amiga Catalina se llama Dani y tiene 8 años. Es un crío alegre y brillante, el primero de la clase, tan capaz de ‘tumbarte’ con un razonamiento como de hacer que te ‘mees’ de la risa.

Cuando todavía era un bebé y aún estaba con los primeros pasos, ya pronunciaba mi nombre de cabo a rabo: “Ma-nue-la”, que ya es difícil, sin recortar ni una sílaba. Quizá fuera por lo bien que lo decía, y un poquito también por halago personal, pero el caso es que pronto se convirtió en mi ‘sobrino’ favorito.

Dani y sus padres fueron la semana pasada a un hospital público de la ciudad de Madrid para que le hicieran al niño una revisión médica. El pequeño tiene una enfermedad, de las denominadas ‘raras’ o ‘minoritarias’, que se llama Síndrome de Sotos, y que requiere de seguimiento permanente.

Los padres, divorciados, acudieron -como es lógico- en dos coches diferentes. Aparcaron en la zona azul que hay detrás del edificio principal, porque el parking del hospital es dos veces más caro que el SER (Servicio de Estacionamiento Regulado), y no hay más opciones.

Tanto Catalina como su exmarido depositaron en el parquímetro la cantidad correspondiente a una hora y media de estacionamiento (1,70 euros aproximadamente), suponiendo que les sobraría tiempo. Entraron en el área de Psiquiatría infantil (en ocasiones, los afectados por el Síndrome de Sotos presentan rasgos psicológicos poco comunes) y se encontraron con que el inicio de la consulta sufría una demora de más de 45 minutos.

Una vez dentro, el especialista examinó al niño, realizó las pruebas necesarias, y mantuvo una larga conversación con los tres miembros de la familia. Comprendieron durante el desarrollo de la visita que hacía falta que los tres permanecieran juntos en la consulta, la sustitución de los tiques del parquímetro iba para largo.

De vuelta a los coches, aparcados en la zona azul, lo que en principio habían previsto que iba a ser una hora y media de aparcamiento se había convertido en cerca de tres. Los agentes del SER habían colocado en cada vehículo una multa de 30 euros.

Según el diario El País, los usuarios de los aparcamientos en cuatro centros públicos de la ciudad de Madrid (La Paz, Nuestra Señora de la Concepción, Ramón y Cajal y Doce de Octubre) tienen que pagar cantidades superiores al doble de la tarifa del SER si quieren dejar su coche en los estacionamientos del hospital.

La única alternativa posible es el propio SER, que a la carga económica le añade el estrés emocional de tener que andar cambiando el tique del parquímetro cada cierto tiempo. ¿Dónde queda en este contexto el usuario medio de los hospitales, dónde queda el enfermo? Exprimido, cuando no arruinado, por el oportuno monstruo de la crisis y por sus secuaces, los especuladores.