¿Quién mide tus méritos?

Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, presentó la semana pasada una propuesta legislativa para que Bruselas imponga a las empresas que cotizan en Bolsa la obligación de que el 40% de los puestos de sus consejos de administración los ocupen mujeres de aquí a 2020.

Sin embargo, 18 de los 27 miembros de la Comisión -muchos de ellos mujeres- se mostraron indecisos o en contra de la propuesta. La mayor parte de las objeciones se basan en un informe del servicio jurídico del Ejecutivo europeo que cuestiona que Bruselas pueda imponer a los estados la obligación de sancionar en su territorio a las empresas privadas que no cumplan con la norma.

El debate queda así aplazado hasta el 14 de noviembre, cuando Reding presente un nuevo proyecto que tenga en cuenta las objeciones jurídicas.

En la actualidad, sólo el 13,7% de los miembros de los consejos de administración son mujeres (el 10,8% en España según las estadísticas de la UE), y además en el 97% de los casos el presidente del consejo es un hombre. De esta forma, aunque el 60% de los licenciados universitarios de la Unión son mujeres, ese volumen no se plasma luego en la toma de decisiones en la economía.

Merecimientos

El informe Women Matter de 2010, realizado por la consultora de gestión MacKinsey & Company, identifica tres grandes escollos por los que la diversidad de género en la alta dirección de las empresas no puede generarse espontáneamente, y necesita de promoción institucional:

  1. Por un lado, la doble carga de combinar trabajo y responsabilidad doméstica, que suele recaer en la mujer.
  1. Por otro lado, un modelo basado en la disponibilidad horaria y presencial total.
  1. Por último, la reticencia de muchas mujeres a abogar por sí mismas. Una ejecutiva entrevistada por MacKinsey afirma: “Rara vez he visto a una mujer exagerar sus aptitudes para venderse mejor”. 

Aun así, la cuestión de imponer cuotas femeninas en las empresas suele molestar a muchas mujeres y exaspera a algunos hombres. Para ellas, es triste asumir que se las elije por ser mujeres (porque una vez más, aunque de modo distinto, el género decide su destino), y les horroriza que alguien pueda dudar de sus merecimientos para el cargo. Para ellos, resulta inquietante la posibilidad de que no haya tantos puestos disponibles en la cumbre.

Durante la presentación de la propuesta de Reding la semana pasada, algunas comisarias opinaron que la imposición de cuotas implica aceptar que una mujer sólo conseguirá llegar a lo más alto de una empresa si se obliga por ley.

El modelo noruego

Precisamente esta visión ‘resentida’ del problema es la que ha llevado durante los últimos años a varios estados europeos a aplicar medidas excesivamente laxas sobre sus empresas.

En España, por ejemplo, la ley de Igualdad de 2007 recomienda (no obliga) a las sociedades que cotizan en Bolsa y a las que tienen más de 250 empleados, que incluyan un 40% de mujeres en sus consejos de administración antes de 2015. No se prevén sanciones, pero sí incentivos para las empresas que cumplan.

En Noruega, en el año 2000 se aplicó un sistema de recomendaciones que no funcionó “porque los encargados de los comités de selección, mayoritariamente varones, encontraban candidatos para los puestos dentro de sus propias redes de contactos, normalmente hombres también”, explicaba tres años después Rigmor Aaserud, ministra de Administración Pública.

Como consecuencia de ello, Noruega, que no forma parte de la UE, introdujo en 2003 un sistema obligatorio de cuotas para los consejos de administración, que preveía sanciones para las empresas que no cumplieran. Un año después, la presencia femenina en esos ámbitos ascendía al 22%, y en 2009 se elevaba hasta el 42%.

Vista la experiencia noruega, hay quien no ve otro camino para la igualdad que las cuotas, y precisamente ése es el modelo invocado por Viviane Reding para el conjunto de la Unión Europea. “Las mujeres han esperado algo así más de 100 años, ahora la aprobación de las medidas necesarias es sólo cuestión de días”, decía la semana pasada la vicepresidenta, cuando el debate quedaba aplazado hasta el 14 de noviembre.

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Exprimidos

El hijo de mi amiga Catalina se llama Dani y tiene 8 años. Es un crío alegre y brillante, el primero de la clase, tan capaz de ‘tumbarte’ con un razonamiento como de hacer que te ‘mees’ de la risa.

Cuando todavía era un bebé y aún estaba con los primeros pasos, ya pronunciaba mi nombre de cabo a rabo: “Ma-nue-la”, que ya es difícil, sin recortar ni una sílaba. Quizá fuera por lo bien que lo decía, y un poquito también por halago personal, pero el caso es que pronto se convirtió en mi ‘sobrino’ favorito.

Dani y sus padres fueron la semana pasada a un hospital público de la ciudad de Madrid para que le hicieran al niño una revisión médica. El pequeño tiene una enfermedad, de las denominadas ‘raras’ o ‘minoritarias’, que se llama Síndrome de Sotos, y que requiere de seguimiento permanente.

Los padres, divorciados, acudieron -como es lógico- en dos coches diferentes. Aparcaron en la zona azul que hay detrás del edificio principal, porque el parking del hospital es dos veces más caro que el SER (Servicio de Estacionamiento Regulado), y no hay más opciones.

Tanto Catalina como su exmarido depositaron en el parquímetro la cantidad correspondiente a una hora y media de estacionamiento (1,70 euros aproximadamente), suponiendo que les sobraría tiempo. Entraron en el área de Psiquiatría infantil (en ocasiones, los afectados por el Síndrome de Sotos presentan rasgos psicológicos poco comunes) y se encontraron con que el inicio de la consulta sufría una demora de más de 45 minutos.

Una vez dentro, el especialista examinó al niño, realizó las pruebas necesarias, y mantuvo una larga conversación con los tres miembros de la familia. Comprendieron durante el desarrollo de la visita que hacía falta que los tres permanecieran juntos en la consulta, la sustitución de los tiques del parquímetro iba para largo.

De vuelta a los coches, aparcados en la zona azul, lo que en principio habían previsto que iba a ser una hora y media de aparcamiento se había convertido en cerca de tres. Los agentes del SER habían colocado en cada vehículo una multa de 30 euros.

Según el diario El País, los usuarios de los aparcamientos en cuatro centros públicos de la ciudad de Madrid (La Paz, Nuestra Señora de la Concepción, Ramón y Cajal y Doce de Octubre) tienen que pagar cantidades superiores al doble de la tarifa del SER si quieren dejar su coche en los estacionamientos del hospital.

La única alternativa posible es el propio SER, que a la carga económica le añade el estrés emocional de tener que andar cambiando el tique del parquímetro cada cierto tiempo. ¿Dónde queda en este contexto el usuario medio de los hospitales, dónde queda el enfermo? Exprimido, cuando no arruinado, por el oportuno monstruo de la crisis y por sus secuaces, los especuladores.